El pasado 18 de febrero del 2006, en la II Conferencia Internacional de Software Libre organizada en Málaga por la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura, se llevó a cabo la reunión constitutiva del presente Grupo de Trabajo de Promoción de los Estándares Abiertos en la Administración Pública. Actualmente forman parte de él unos 50 profesionales de la informática y la documentación ligados al sector público.
El propósito único de este grupo de trabajo es el de fomentar y conseguir el uso extrictamente preferente de los estándares y formatos abiertos dentro de las distintas Administraciones Públicas, y, principalmente en los procesos que llevan dichas administraciones con sus administrados: la ciudadanía y el empresariado. Este grupo de trabajo cree que la clave del manejo de la información con la tecnología se encuentra en la interoperabilidad, y, por tanto, considera una aberración legal y administrativa la práctica, hasta ahora demasiado extendida, de forzar a la ciudadanía y al tejido empresarial a usar productos concretos de compañías privadas concretas. Esto es absolutamente independiente de que dichos productos tengan caracter gratuítos o no en cualquier momento de su vida comercial. Igualmente, consideramos improcedente e inconstitucional que el hecho frecuente de que la elección de ciertos formatos y protocolos informáticos cerrados por parte de la Administración Pública, constituya un grave impedimento a la hora de acceder a la información y los procesos administrativos, para las personas con discapacidades físicas y auditivas. Por ello, este grupo de trabajo, utilizará todos los medios que la legalidad disponga a su alcance, para lograr una e-Administración no que no discrimine a sus administrados en función de sus capacidades físicas, económicas, ni de su legítima elección de proveedor tecnológico en el libre mercado. Los estándares abiertos y libres son los únicos que garantizan un equánime acceso a la información y los procedimientos administrativos de todos los ciudadanos y empresas. Igualmente, son los únicos que fomentan el verdadero libre mercado y la libre competitividad e innovación, impidiendo la existencia de los nichos exclusivistas de los formatos y los protocolos cerrados típicos de mercados informáticos no reglados. Consideramos que, es por ello, una obligación de las administraciones públicas el exigir la compatibilidad con los estándares abiertos en las licitaciones públicas de materias TICs. |